Con votos del peronismo y cambios de último momento, el Gobierno avanzó en el Senado con la ley de Glaciares

Con cambios incluidos a último momento y con votos del peronismo, el oficialismo consiguió este jueves avanzar con la reforma de la ley de Glaciares, que le otorgará más poder a las provincias sobre el destino de los recursos naturales y activará los proyectos mineros que estaban paralizados por la normativa aprobada en 2010.

La propuesta fue aprobada con 40 votos a favor, 31 en contra y 1 abstención que correspondió a la neuquina Julieta Corroza. En la votación en particular se repitió el resultado.

Esta vez, La Libertad Avanza contó con el apoyo fragmentado de la UCR y del PRO, sus principales aliados en el Congreso. Pero también recibió los votos de los senadores que pertenecen a las provincias mineras, incluso un par de representantes del peronismo.

El sanjuanino Sergio Uñac y la catamarqueña Lucía Corpacci dieron su apoyo a la propuesta, que según lo argumentado por el Gobierno, será clave para destrabar distintos proyectos mineros que están trabados por el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.

El apoyo de Uñac, ex gobernador de San Juan, era un voto anticipado porque en esa provincia se están desarrollando los proyectos mineros Los Azules, Josemaría y Filo del Sol (Vicuña), El Pachón y Altar.

Como ya es habitual, la votación fue seguida desde uno de los palcos por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien estuvo acompañada por el ministro del Interior, Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

Fuentes legislativas anticiparon a Clarín que el debate en la Cámara baja se realizará entre las semanas del 11 y del 19 de marzo y en el oficialismo confían en que tendrán los votos con los aliados para replicar el triunfo conseguido este jueves en el Senado.

El debate tuvo momentos de efervescencia como se dio durante la intervención de Luis Juez (LLA), quien llegó a esta sesión en jaque por un video que se viralizó en las redes sociales en el cual el cordobés aparecía defendiendo el proyecto aprobado en 2010, cuando era diputado.

Juez negó que haya una contradicción al darle el apoyo a la propuesta del Gobierno y recordó que al momento de sancionarse la normativa, el Gobierno de Cristina Kirchner “tenía sobre el tema miradas absolutamente y diametralmente opuestas”.

“Ganamos esa votación 35 a 33 y el bloque oficialista votó diametralmente en contra”, recordó el cordobés apuntando contra el kirchnerismo, que en aquella votación estaban en la vereda de la oposición a la normativa. “Hoy parecería que viven en un iglú en el medio de un glaciar, rodeado de pingüinos”, ironizó.

Pero para negar que exista una contradicción en su postura, el cordobés planteó que con el proyecto del Gobierno se generó “un plexo legal” para adecuar la normativa y promover inversiones. En este sentido, el legislador dijo que la ley podrá crear entre 12.000 y 15.000 empleos.

Por su parte, el radical Maximiliano Abad, quien anticipó su voto no positivo en su discurso, admitió la necesidad de hacer modificaciones a la ley ante la existencia una “laguna jurídica”, puntualmente, en la implementación del inventario nacional de glaciares, que afecta el desarrollo de los proyectos mineros.

Sin embargo, se opuso a la propuesta porque debilita al IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) al darle más poder a las provincias sobre el inventario de los glaciares. “Si este proyecto se convierte en ley, va a ser pasible de muchos recursos de inconstitucionalidad”, anticipó el marplatense, quien fue acompañado en el rechazo por el pampeano Daniel Kroneberger.

En el mismo sentido se manifestó la cordobesa Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, quien calificó la propuesta como “una gran improvisación” que a su entender “tendrá efectos negativos.

Sin embargo, la salteña Flavia Royón defendió la reforma y negó que se estén entregando los recursos hídricos. “Al contrario se protegen los recursos con una base científica”, agregó la legisladora que responde al gobernador Gustavo Sáenz, quien espera la sanción de esta propuesta porque su provincia tiene amplía expectativa en el proyecto minero Taca Taca, que acaba de aumentar su inversión a más de $ 5.200 millones.

El catamarqueño Guillermo Andrada, quien rompió con el bloque peronista de José Mayans, también defendió el proyecto y reclamó salir de la dicotomía minería o agua.

“No estamos planteando que la minería se va a hacer a cualquier costo, que vamos a bajar los estándares ambientales. Lo que estamos buscando es que se proteja el agua, que se cuide como recurso estratégico, pero también pretendemos reglas claras”, aclaró el senador que responde a Raúl Jalil, quien también siguió la sesión de cerca por el proyecto la Minera Agua Rica Alumbrera (MARA) para la explotación del cobre.

No hay industria más controlada que la minería”, insistió el senador, quien aseguró que el objetivo es “una ley que proteja a los glaciares, a la zona periglacial pero que no sea una etiqueta estática”.

Para sostener la propuesta, el Gobierno aseguró que la reforma permitirá avanzar con proyectos de gran escala.

Para conseguir los votos de los aliados, el oficialismo tuvo que negociar hasta último momento con los aliados. Uno de los puntos fue dejar en claro en el texto el fortalecimiento del Inventario Nacional de Glaciares, que será obligatorio para identificar glaciares y geoformas periglaciales.

Hubo tensión entre los senadores por el tema de la autoridad de aplicación en aquellos casos que involucre a dos jurisdicciones. Así se acordó que habrá informes del IANIGLA en coordinación con las autoridades provinciales.

En realidad se reconfigura la competencia del instituto, que integran investigadores del CONICET, como responsable del Inventario Nacional de Glaciares, y, en rigor, se refuerza el poder de los gobernadores en la delimitación de áreas periglaciares y en la aprobación de estudios de impacto ambiental.

La reforma se sustenta en el artículo 124 de la Constitución que establece que las provincias tienen el dominio originario de los recursos naturales.

La ley vigente protege a los glaciares y al ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua dulce y prohíbe actividades extractivas. El debate técnico estuvo centrado en definir al periglaciar que según el Ejecutivo viene trabando las inversiones en las zonas cordilleranas.